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El gobierno de Félipe Calderón decidió por decreto la disolución de la compañia Luz y Fuerza del centro (LyFC), uno de los grandes agujeros de su economía. Alrededor de 46.000 empleados fueron despedidos y aún el destino de la empresa es una incognita.

Empeñado en recortar el gasto público de su país, el presidente de México, Félipe Calderón resolvió cerrar la empresa para paliar el agujero económico que estaba generando y además terminar con el conflicto sindical que se generó dentro de la misma y que en estos últimos días amenazaba con agravarse aún más.

En la madrugada de un domingo sorpresivo, miles de empleados de la segunda empresa pública eléctrica del país se enteraron que mañana no volveran al trabajo como todos los días, debido a la decisión presidencial de cerrar las puertas de la compañia que abastece a 25 millones de clientes del centro de México. 

Los argumentos de esgrimidos por Félipe Calderón en el decreto fueron “la comprobada ineficiencia operativa y financiera”, ya que la compañia disuelta tiene un pasivo laboral de 18.000 millones de dólares y sus costos “duplican a los ingresos”. Ahora, la empresa pública quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la principal del país que es patrimonio estatal.

Sin embargo, el deficit económico no es el motivo principal de la decisión. La puja del Sindicato Mexicano de Electricistas para que se reconociera a su nuevo líder, Martín Esparza,  y la negación del propio gobierno para aceptarlo, fue la razón fundamental para la determinación de cerrra la empresa.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se refirió al tema: ” No es una decisión contra el sindicalismo. No aceptamos que diga que se tata de una medida contra los sindicatos, sino que se basa en una situación económica, porque en esa empresa se había generado un boquete que se hacía impagable en el futuro”.

Félipe Calderón envió el sábado por la noche, antes de públicar el decreto, a seis mil policías federales a ocupar por la fuerza las instalaciones, plantas y subestaciones de la LyFC en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, para evitar que los empleados tomen la empresa, efectuen cortes de electricidad y tengan que ser desalojados por la fuerza. Participaron del operativo la Policía Federal, la Secretaria de la Defensa Nacional y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República.

 Por su parte, el Sindicato Mexicano de Electricidad llamó a todos los sectores políticos y sociales del país a movilizarse en defensa de la empresa desaparecida: “Nos han declardo la guerra y vamos a responder, ejerciendo siempre nuestros derechos”. Según los sindicalistas, el decreto “es una puñalada trapera” y que responderá con movilizacionees. ” Los fracasos del gobierno de derecha, no nos alcanzan, ni son nuestros; la torpeza gubernamental es típica de derecha, están llevando al país entero a un estallido social, lo saben y no se detienen”.

 En cuanto a la indemnización, de unos 1.500 millones,  de los 46.000 trabajadores, el gobierno federal impulsa un plan de pago de dos años y medio para los despedidos y una compensación adicional si en el plazo de un mes aceptan  el trato. Según los números de los últimos cinco años, la empresa Luz y Fuerza del Centro registró ingresos por ventas de unos 17.460 millones de dólares y sus costos fueron de 32.000 millones de la misma moneda, arrojando un deficit de 3.000 millones de dólares por año.  

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