Informativos 24.es

 

El “presunto cerebro” de los ataques, Jalid Saij Mohamed, y otros cuatro imputados comenzarána ser juzgados en un tribunal civil de Nueva York. El fiscal general anticipó que en el caso de que fueran encontrados culpables pedirá la pena de muerte.

Según el Departamento de Justicia los sospechosos serán trasladados a Nueva York después de que el Gobierno dé al Congreso los 45 días de notificación necesarios para que se realicen las consultas y ordenes a las autoridades estatales y locales. El anuncio lo realizó el secretario de Justicia y fiscal general estadounidense, Eric Hold.

“Los responsables de los atentados comparcerán finalmente ante la justicia·, arremetió Holder en un pasaje de la conferencia de prensa realizada en el departamento que encabeza. Admitió que en caso de que los sospechosos se encontrarán culpables de los delitos que se los acusa, la fiscalía general solicitará la pena de muerte.

La medida sin duda alguna, es el primer paso del gobierno de Barack Obama para definir cual será el futuro de la prisión de Guantanamo, sitá en Cuba. El mandatario intenta acelerar los planes de cerrar las puertas del polémico centro de detención antes del 22 de enero de 2010, como se había comprometido a realizar en sus pilares de gestión. 

La decisión de juzgar a Mohamed y sus complices, Walih Bin Attash, Ramzi Bin Al Shíbz, Ali Abdul Aziz y Mustafa Al Hawsawi,  en tierras propias ha levantado críticas por parte de los legisladores repúblicanos que consideran que no es adecuado condenar en Nueva York a los acusados, ya que se pone en peligro la seguridad de los habitantes y consideran que la base naval, que tuvo un costo de 270 millones de euros,  es el lugar propicio para efectuar el juicio sin correr riesgos de sufrir ataques suicidas de Al Qaeda.

Según el Departamento de Justicia, 40 de los 215 prisioneros que permanecen en Guantanamo serán juzgados en tribunales federales y miitares fuera de la base naval. Además otros 90 reclusos tienen el visto bueno de las autoridades para ser repatriados o enviados a un tercer país. Aún falta definir la situación de otros 75 detenidos considerados de alta peligrosidad, pero que no pueden ser juzgados todavía por falta de pruebas concretas.

Comparte este artículo